Por: Juan Camilo Lozano Carreño
CRISIS
DEL ESTADO CAMINO HACIA LA ASAMBLEA
NACIONAL CONSTITUYENTE
(ENTORNO
SOCIAL)
Uno de los temas de gran trascendencia y
que giran entorno a la reforma de la constitución de 1886 y promulgación de la
nueva constitución política de 1991 esta conjuntamente relacionada con la
crisis estatal que vivió Colombia durante la década de los 50 a los 80, encabezada
por un debilitamiento político-social destacando la poca estructuración en la
cual estaba sentada el régimen político colombiano.
Algunos
puntos y de gran relevancia que condujeron a una reforma constitucional para el
reordenamiento institucional son:
·
El pacto bipartidista entre
liberales y conservadores que dio origen al Frente Nacional el cual “Por medio
del plebiscito realizado el Primero de Diciembre de1957 y que debía entrar a operar a partir de
1958, se garantizaba la rotación bipartidista en el poder y la repartición por
partes iguales de los cargos de la administración pública fundamentalmente”[1].
·
Como segunda instancia
encontramos una crisis de legitimidad y gobernabilidad para de definir
objetivos y adoptar decisiones oportunas para el funcionamiento y desempeño del
sistema político. En nuestro caso “La desideologización de los partidos Liberal
y Conservador, el alto grado de abstencionismo que representa una crisis de
representatividad, la excesiva y casi permanente utilización del ‘Estado de
Sitio’ y consecuentemente el tratamiento de orden público a las más elementales
demandas ciudadanas, lo mismo que el desconocimiento reiterado de los derechos
civiles y políticos y un reducidísimo control civil sobre las Fuerzas Armadas,
son algunas de las circunstancias que explican y alimentan la crisis de legitimidad
del sistema colombiano”[2].
Es
claro que la repartición del poder en Colombia por medio del frente nacional no
fue más que establecer el poderío de cada uno de los partidos políticos frente
a los asuntos de gobernabilidad en materia política. Debido a la crisis en el
que el país se encontraba sumergido durante la época se decidió dar remedio por
medio de las siguientes administraciones tratando de enmendar los problemas de
gobernabilidad y legitimidad por el sendero de las reformas constitucionales.
El
primero en dar respuesta al trance institucional del país fue el presidente
Alfonso López Michelsen (1974-1978) convocando una Asamblea Constituyente, para
reformar el régimen departamental y municipal y la administración de justicia, pretendiendo
cerrarle el paso al grave estado del centralismo tanto administrativo como
político.
Posteriormente
el presidente Turbay Ayala (1978-1982), presentó al Congreso un proyecto
dirigido fundamentalmente a hacer algunas modificaciones en el aparato
judicial, así como al funcionamiento del Congreso y a la formación de la llamada Comisión
del Plan. Pero el Acto Legislativo No. 1 de I979 fue declarado inconstitucional
por la Corte Suprema
de Justicia.
Durante
la administración de Belisario Betancur (1982-1986) se hicieron propuestas
tales como la reforma del sistema electoral; la legalización de nuevas fuerzas
políticas, un estatuto de oposición; la definición del derecho a la
información; la reglamentación de la carrera administrativa; la vigilancia de
las actuaciones del Estado y de la administración pública; la modernización y
vigorización de la justicia; la descentralización administrativa; y el
fortalecimiento de los poderes locales.
Por último
la administración de Virgilio Barco (1986-1990) la que emprendió el desmonte
real del Frente Nacional, mediante la instauración del llamado "esquema
gobierno-oposición". Además pretendió ampliar los canales participativos
mediante la reglamentación de la elección popular de alcaldes, la consulta
popular y la creación de los Consejos de Rehabilitación.
De
acuerdo con lo anteriormente expuesto es necesario comprender los diferentes
procesos que encaminaron a la sociedad colombiana a generar procesos
institucionales a fin de dar respuesta al proceso de ingobernabilidad presente
en Colombia. El 18 de agosto de 1989 se impulso el proceso constituyente
liderado por la séptima papeleta, guiado por el movimiento estudiantil.
“Así
las cosas, la propuesta de la séptima papeleta
se constituyó en una realidad, cuando el día 11 de Marzo se avaló la
convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por parte de más de un
millón de votos. Este hecho de carácter político, no tenía, sin embargo,
respaldo legal, por lo que se recurrió al expediente del Estado de Sitio para
dictar el Decreto 927 de 1990 que permitiría a la Registraduria Nacional del
Estado Civil escrutar los votos a favor de una Asamblea Nacional Constitucional
en las elecciones presidenciales del 27 de Mayo. Ese día votaron más de cinco
millones de colombianos (89% del total de electores) a favor de una gran
reforma constitucional. Lo que le sirvió de fundamento jurídico y político a la
administración para dictar el Decreto 1926 que fijaba la fecha del 9 de
Diciembre para la convocatoria y elección de delegatarios de la Asamblea Nacional
Constituyente. Este último Decreto fue declarado
constitucional por la
Corte Suprema de Justicia, en un histórico fallo en el que se
otorgó total libertad para la definición del temario y se garantizó que el
constituyente primario puede pronunciarse de un modo libre, de acuerdo con la
intencionalidad de fortalecer al máximo la democracia participativa”[3].
Dando
conclusión al tema es difícil afrontar las diferentes políticas de
gobernabilidad que se presentan diariamente en nuestro país, pero está en
nuestras manos tomar las riendas de nuestro destino dando prioridad a las
necesidades del ideario colectivo y no permitir que tal doctrina sea opacada
por intereses particulares que solo quieren obtener poderío sobre las
exigencias que si son imprescindibles de la sociedad.
Elaborado Por:
Juan Camilo Lozano Carreño
Estudiante de APT Bogotá IV
Semestre
Régimen y Sistema Político
Colombiano II.
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