BIBIANA R MARIN T.
LA
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DESDE EL ASPECTO ECONÒMICO
COLOMBIA Y EL MODELO NEOLIBERAL
Ricardo A. Castaño Z.*
RESUMEN
Desde 1930, la economía colombiana
experimentó grandes cambios que la condujeron a una transformación estructural,
sin embargo las crisis posteriores provocadas por las caídas de los precios
fundamentalmente del café la han hecho fluctuar constantemente. Por otra parte,
los conflictos políticos desatados en los cuarenta evitaron que el campo se desarrollara
con más vigor. La lucha por la tierra y su tenencia, el problema de la
colonización y el surgimiento de la guerrilla, las autodefensas y el
narcotráfico, consecuencias de la poca presencia del Estado en las zonas de
conflicto, han contribuido al empobrecimiento desmedido que sufre actualmente
el país. En este artículo se analiza el efecto de las políticas económicas
aplicadas por los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana
en el marco del mencionado contexto.
Palabras claves: Economía,
Colombia, Crisis
La que al final de la segunda guerra mundial
y la consolidación del proceso de industrialización, coincidió con la segunda etapa
de la sustitución de importaciones y el crecimiento acelerado de productos como
las bebidas, el cemento los textiles, entre otros. A esto se debe agregar el
aumento acelerado de la deuda externa, que ha puesto a nuestro país en
dependencia directa de las decisiones del gobierno de los EE.UU. y las agencias
internacionales. La modernización del sector agropecuario fue otro proceso de
gran importancia para la transformación de la economía colombiana. Sin embargo
los conflictos políticos que se desataron en la década de los cuarenta evitaron
que el campo se desarrollara con más vigor, con lo que se podría haber evitado
la situación actual de pobreza extrema del campesinado colombiano. Y es que la
lucha por la tierra, por su tenencia, el problema de la colonización, el
surgimiento de la guerrilla, las autodefensas y el narcotráfico, son
consecuencia de la poca presencia del Estado su total ausencia en las zonas de
conflicto que son de gran importancia para el verdadero desarrollo del país.
.
APERTURA HACIA ADENTRO
La apertura económica llega en su plenitud a
Colombia en los 90. Durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) se
hicieron todos los preparativos para iniciarla, de tal manera que se ajustara
casi a un plan de gobierno, posible de desarrollar en escasos cuatro años; con
esta premisa se llegó a pensar que con la caída del esquema socialista en la
Unión Soviética y el denominado triunfo del capitalismo a nivel mundial, había
llegado la hora de la gran armonía entre todos los países del mundo. La
hegemonía incuestionable de la economía de mercado y con ella el resurgimiento
del pensamiento liberal, colocaban al “darwinismo social” como alternativa de
orden en el que deben imperar competencia, eficacia y productividad.
La pregunta que nos hacemos al leer la cita
antes mencionada es ¿cómo puede haber equidad y justicia social en un país
donde los grandes monopolios han venido absorbiendo la economía a grandes
tragos, en una lucha sin cuartel por el dominio del mercado? Mientras eso
sucede la población menos favorecida sigue su lucha por la sobrevivencia,
tratando de mantenerse a flote y no ahogarse en el inmenso mar de la inflación
dejándose llevar por las olas de la economía del rebusque y las fluctuaciones económicas.
1 La
política social de los 90. Análisis desde la Universidad. U. Nal. Ed.
Presencia, Santafé de Bogotá 1994. pag. 35.
Ricardo
Castaño
Las políticas del plan de desarrollo “La
revolución pacífica”, aplicados por el presidente Gaviria (1990-1994), fueron
audaces, si se tiene en cuenta que fue el inicio de toda una revolución
económica y social, pero pensada desde arriba.
Nuestros gobernantes se han limitado a
cumplir con las órdenes impartidas por los grandes grupos económicos a nivel
internacional, pero más que por ellos, por la el B.M. y el F.M.I. No se tuvo en
cuenta, por lo tanto, la situación real del resto de colombianos, de los cuales
una gran parte están sumidos en la pobreza, (17 millones de pobres según el
censo de 1993).
LAS REFORMAS
Durante el gobierno de Cesar Gaviria
(1990-1994) se abrieron todas las posibilidades para la realización de las
grandes reformas políticas, sociales pero fundamentalmente económicas; pues el
texto de la nueva Carta Política tiene un alto contenido economicista, y en él
se circunscribe todo el funcionamiento del Estado hacia la consolidación de la
economía, con miras a una mejor productividad para la competitividad de
nuestros productos a nivel internacional.
Las reformas de la
apertura económica se iniciaron con el gobierno de Gaviria. Se propusieron en
términos generales algunos tópicos de los cuales es importante mencionar los
siguientes:
! La reforma arancelaria, que permitió
en un momento determinado que el mercado colombiano se inundara de productos
provenientes del extranjero, sin ningún control, para competir con los
productos nacionales lo que ocasionó una seria crisis en algunas ramas de
economía como la textilera.
! La reforma portuaria, cuyo único
paso ha sido la privatización de Puertos de Colombia; pero en ningún momento
los ha hecho más efectivos, ya que las operaciones se dilatan por semanas, lo
que hace que muchos de los productos que allí llegan se pierdan o se dañen
debido al largo tiempo de estadía en el puerto.
! La reforma cambiaria, que ha
desestabilizado la economía con las medidas monetarias tendientes a detener el
aumento del precio del dólar y que trajo como consecuencia grandes pérdidas,
sobre todo al sector de la agricultura y en particular a los caficultores.
! La reforma tributaria, con la cual
se pretendió recaudar dineros para una supuesta inversión social que realmente
no se ha visto. Con esta reforma nos hemos visto perjudicados todos los
colombianos, pues el aumento exagerado de los impuestos por ventas IVA, lo
estamos pagando todos de nuestros propios bolsillos.
! La reforma al comercio exterior,
bajo el supuesto de la internacionalización de nuestros productos con la
creación del ministerio de comercio exterior encargado para este fin, se han logrado prebendas pero
para posibilitar el ingreso de más productos extranjeros a nuestro país. Sin
embargo, como hacer difusión a nuestros productos, si no somos realmente
competitivos, si no tenemos la tecnología necesaria para hacer productos de muy
buena calidad para igualarnos a los mercados extranjeros, en resumen, si
todavía dependemos de las potencias para la toma de decisiones económicas que
nos permitan cierta independencia de ellas.
! La reforma a la inversión extranjera,
que ha posibilitado, a pesar de los graves problemas de orden público, la
llegada de capitales interesados en invertir en nuestro país; esto ha permitido
por ejemplo, la llegada de capitales franceses, los cuales están haciendo
grandes inversiones en los yacimientos carboníferos como el Cerrejón, y
capitales ingleses a través de la Brithis petroleum Company, cuya mayor
inversión está hecha en los nuevos yacimientos petrolíferos de Cusiana y Cupiagua
en el pie de monte llanero.
! La reforma a los planes de vivienda,
que se convirtió en un verdadero fracaso por los costos reales de esta en
Colombia, que a raíz de las grandes inversiones hechas por el narcotráfico,
encareció enormemente los precios en las construcciones nuevas y se reemplazó
la vivienda de interés social por suntuosas construcciones a costos
exorbitantes.
! La reforma laboral, que ha traído
graves consecuencias de inestabilidad para la clase trabajadora del país, ya
que se han perdido importantes logros obtenidos en épocas anteriores por los
movimientos sindicales del país. La flexibilización laboral ha sido la
estrategia perfecta por medio de la cual el gobierno ahora se desentiende de
sus responsabilidades en lo que a prestaciones se refiere. Además esta reforma
(ley 50 de 1990), facilita los despidos colectivos, elimina la obligación de
reintegro a trabajadores con más de diez años de servicio, formaliza las
agencias de empleo temporales, establece el salario integral, suprime la retroactividad
de las cesantías para trabajadores vinculados después del 1 de enero de 1991.
Colombia y el Modelo Neoliberal
La esencia de todo el proceso iniciado por el
presidente Gaviria, radica en el hecho de querer buscar para nuestro país, esa
renovación política que tanto los colombianos hemos exigido en los últimos
años; pero, no se puede negar, que en una iniciativa de estas la economía juega
papel fundamental, toda vez, que de esta depende en gran medida el desarrollo
mismo político de cualquier país. De esta manera se da comienzo a esa
combinación de convocatoria a la Asamblea
Nacional Constituyente y al mismo tiempo se ponen en marcha las políticas
de ampliación de la economía de mercado.
Con la aprobación de la nueva Carta Política
se han promulgado una serie de normas que permiten la participación de la
población en las decisiones políticas y económicas, a través de las elecciones
populares de alcaldes y gobernadores, y la creación de las Juntas
Administradoras Locales, que por medio de sus representantes comunales han
hecho saber al gobierno sus necesidades inmediatas. Además la descentralización
administrativa ha permitido conocer con mayor certeza las posibilidades y
restricciones de los municipios.
Lo anterior nos está planteando, que mientras
subsista la pobreza en Colombia y los medios de comunicación sigan siendo los
mediadores entre el mercado y el usuario, cuyas características siguen siendo
paupérrimas, la situación seguirá exactamente igual. Y es que no podemos
comparar nuestro país con economías (Child
Jorge. El fin del Estado. Desestabilización política caos institucional. Ed.
Grijalbo, Santafé de Bogotá 1994, pag. 99).desarrolladas como las europeas o la
norteamericana donde el ingreso per cápita es muchas veces más alto que el
nuestro, donde tienen todas las posibilidades, en virtud de su desarrollo y sus
ingresos, de comprar productos que en nuestro país solo alcanzamos a ver en
avisos publicitarios de los periódicos o la televisión. La gran contradicción,
entonces, que nos plantea el nuevo momento histórico en Colombia, es que en
medio de procesos de modernización del Estado, consignados en la Constitución
de 1991, el país dio inicio a un recorrido por dos caminos distintos, que son
realmente contradictorios, uno, el de la internacionalización de la economía, a
través de la apertura económica; y el otro, el de “democratización” de la
sociedad,
para permitir, como ya se dijo antes, mayor
participación de la población en las decisiones fundamentales de la Nación.
LAS POLITICAS PASTRANISTAS Y LA APERTURA
ECONOMICA
La última contienda electoral ha demostrado
al país, que a la hora de la resolución de los problemas que nos aquejan,
nuestros tradicionales políticos se aferran al dolor de la población y toman
como bandera de lucha el hacerle frente a la problemática más grave. En ese
sentido los candidatos Serpa y Pastrana coincidieron en abanderarse de la paz
en Colombia, como única vía de llegar al solio presidencial. Cien días después
de su posesión, Andrés Pastrana instaló las mesas de negociación que han venido
trabajando con mucha lentitud por qué no ha habido propuestas concretas para abordar esa histórica
problemática. Y es que no se puede hablar con seriedad de la paz en un país donde
los derechos humanos se violan constantemente y la injusticia social, como
consecuencia de las mismas políticas gubernamentales, es consecuencia de la
implementación de políticas que responden a los intereses foráneos de las
potencias económicas. La necesidad inmediata de reorientar la economía
colombiana por las vías que había iniciado el Gobierno Gaviria, y que había
sido reformada por Samper, obligaron a Pastrana a tomar una serie de medidas
muy represivas desde el punto de vista económico, que han llevado el país al
caos del desempleo, la miseria y un muy fuerte proceso de debilitamiento del
Estado frente a lo económico, como lo manda el BM en el marco de la
globalización de la economía.
Colombia
y el Modelo Neoliberal
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Child, J. (1991) Los grandes desafíos
de la apertura económica. Santa Fe de
Bogotá: Grijalbo.
Child, J.:(1994)Fin del Estado.
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Fe de Bogotá: Grijalbo.
Morales Benitez, O. (1997) Apertura,
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La política social de los 90. (1994) Análisis
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Sarmiento Palacio, E. El modelo alternativo,
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Constitución Política de Colombia, 1991.
Situación colombiana. (1995) Informes
de coyuntura económica, política social y
social. No. 5, Septienbre,
1995.
Ricardo Castaño
ANALISIS POLITICO No.12 DE ENERO A ABRIL DEL1991
Coyuntura Asamblea Nacional Constituyente en Colombia…
ASAMBLEA
NACIONAL CONSTITUYENTE EN COLOMBIA: ¿CONCLUIRÁ POR FIN EL FRENTE NACIONAL?
Luis Alberto
Restrepo*
El 5 de febrero comenzó labores la Asamblea
Constituyente de Colombia. El monopolio bipartidista instaurado desde el inicio
del Frente Nacional (1958-1974) podría estar próximo a su fin. Presentamos aquí
el contexto del que nace la iniciativa de la Asamblea Constituyente, hacemos
luego un recuento de la evolución de la iniciativa a lo largo de los últimos
años, recapitulamos el episodio electoral que la precedió, para sondear,
finalmente, el nuevo régimen político que
podría estarse forjando en ese foro. Aunque este hecho no superaría la
incertidumbre económica y social a la que se enfrenta Colombia, ni resolvería
todos los violentos conflictos que la sacuden, sí podría abrir canales para la
tramitación pacífica de algunos de ellos.
La
Constituyente, ¿un nuevo acuerdo Nacional de paz?
A comienzos de 1989, los narcotraficantes
indujeron la inversión repentina de las estrategias de guerra. Las organizaciones
paramilitares que se habían fortalecido al amparo oficial, se sintieron en
capacidad de desafiar al Estado y de presentarse incluso como un proyecto
alternativo de poder político. En enero de 1989, asesinaron a doce jueces enviados
por el gobierno al Magdalena Medio y, más tarde, lanzaron el movimiento
político MORENA. Luego, volvieron sus armas contra figuras como la del gobernador
de Antioquia y el comandante de la policía de la misma ciudad.
3. LA
CONSTITUYENTE, ¿PREFIGURACIÓN DE UN NUEVO RÉGIMEN POLÍTICO?
El plebiscito en favor de la
Constituyente fue un voto en contra de la clase política y en favor de un
régimen distinto al monopolio bipartidista. Con todo, escapa a la Constituyente
otro factor de descomposición nacional, mucho más de fondo. Mientras comienzan
a abrirse las compuertas de la participación política, el gobierno impulsa un
modelo económico neoliberal más excluyente que ninguno de los anteriores. Es
posible que la política del gobierno constituya, en líneas generales, la única opción
disponible para Colombia en el actual contexto nacional e internacional, pero
ello no disminuye en nada la gravedad de la contradicción en curso.
Para la defensa de los derechos colectivos
Los Incentivos Económicos en las Acciones Populares,
desde la Asamblea Nacional Constituyente.
3 mayo, 2011
Recordemos que en el propio seno de la
Asamblea Nacional Constituyente hubo plena claridad en cuanto tiene que ver con
el carácter constitucional de las acciones populares y sobre la necesidad de
establecer en la ley los incentivos económicos para poder garantizar su
ejercicio y la participación masiva de la sociedad civil en la defensa
preventiva, participativa y solidaria de los derechos e intereses colectivos;
en cuanto a que en ella se dijo por ejemplo:
“…No ha sido suficiente el esfuerzo que
sobre el particular se ha venido realizando en Colombia. La reglamentación que
en esta materia consagran el Código Civil y el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Decreto número 2811 de
1974), aparece lejana del conocimiento y compromiso de toda la Nación. Por
tanto, debe ser elevada a una norma de mayor jerarquía y a su vez debe
acompañársela de instrumentos efectivos que hagan posible la participación de
los asociados en el cumplimiento de este cometido.” (Proyecto de Acto
Reformatorio de la Constitución Política de Colombia No. 23, Título: Protección
del Ambiente, Autor: Álvaro Gómez Hurtado, Gaceta Constitucional No. 19 de
marzo 11 de 1991).
Igualmente, en el proyecto de reforma
Constitucional del movimiento político M-19, también se contempló de manera
especial las acciones populares y los incentivos económicos en los siguientes
términos:
‘Demandar de manera individual o
colectiva, en acción pública de defensa, a cualquier persona o entidad, pública
o privada, por conductas o actividades que lesionen a una comunidad en particular
o a la sociedad en su conjunto y obtener para éstas el resarcimiento
correspondiente. La ley que reglamente dicha acción deberá establecer para el
actor algún tipo de recompensa o retribución en el evento en que se logre el
restablecimiento del derecho colectivo”. (Gaceta Constitucional del día 22 de
marzo del año 1991).
Un número significativo de las
disposiciones aprobadas por la Asamblea Constituyente fueron concebidas para
anticiparse a los desmanes que violentan las reglas elementales de la ética. En
casi todas las nuevas instituciones puede apreciarse, claramente, esa
intención. La moral administrativa es una sola, pero tiene diversas
manifestaciones específicas. La más importante de estas se refiere a la
pulcritud con que deben manejarse los dineros públicos, el patrimonio económico
de la Nación.”
Entonces, para la Asamblea Nacional
Constituyente era absolutamente claro, que el Derecho de los Actores Populares
a recibir un incentivo económico en las acciones populares y el Derecho de los
Ciudadanos a contar con eficaces herramientas de lucha anticorrupción, son las
únicas formas legales que existen para poder garantizar el masivo ejercicio de
las acciones populares, estimular a la comunidad a participar solidariamente en
la defensa de los derechos colectivos y compensar la onerosa carga que asumen
los accionantes; y por esa razón, en representación del pueblo colombiano
expresamente ordenó que; “La ley que reglamente dicha acción deberá establecer
para el actor algún tipo de recompensa o retribución en el evento en que se
logre el restablecimiento del derecho colectivo”.
Pues, de no existir el derecho de los
demandantes a pretender y recibir el incentivo económico y no contar con
verdaderas herramientas de lucha anticorrupción, la comunidad simplemente no
ejercita las acciones populares y no participa en el control del poder
político, la fiscalización de la función pública y la defensa judicial de los
derechos colectivos; en razón, a que lógicamente no se le estimula a demandar
judicialmente y se le impone una pesada carga que es injusta, desproporcionada,
irrazonable e imposible de cumplir.
Agravando la situación, que cuando se
deroga el Derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener que se les expida
copia auténtica de los documentos referidos a la contratación administrativa,
para poder pretender la responsabilidad patrimonial solidaria de los
contratantes y contratistas cuando se trate de sobrecostos y otras graves
irregularidades contractuales; Indiscutiblemente se transgreden los principios
constitucionales de transparencia, moralidad administrativa y participación
democrática en la función pública, que indiscutiblemente inspiraron a la
Asamblea Nacional Constituyente al momento de debatir, crear y expedir la nueva
Constitución Nacional del año 1991.
En este orden de ideas, bajo el esquema
conceptual inspirado desde la propia Asamblea Nacional Constituyente, es claro
que las acciones populares en un Estado Social de Derecho, siempre deben
combinar el deber de solidaridad que a todas las personas nos atañe, con la
obligación permanente del Estado de inducir, promocionar, patrocinar, premiar,
compensar y, en general, estimular el ejercicio de las acciones populares y la
protección solidaria de los Derechos Colectivos; en orden a poder garantizar
que se compense económicamente el ejercicio de las acciones populares, se
estimule la participación masiva de los ciudadanos en la preservación de
determinados bienes jurídicos de especial connotación social y se financie el
Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos.
Es decir, respetando el pensamiento que
cada cual pueda tener sobre la forma de hacer efectivo su deber ético de
solidaridad en Colombia, el Congreso de la República siempre debe prever en la
ley el Derecho de los demandantes a recibir un incentivo económico en las
acciones populares y el Derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener que se
les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación
administrativa, para poder pretender la responsabilidad patrimonial solidaria
de los contratantes y contratistas cuando se trate de sobrecostos y otras
graves irregularidades contractuales.
Por lo tanto, respetuosamente considero
que la norma que deroga el Derecho de los demandantes a pretender y recibir los
incentivos en las acciones populares, y elimina el Derecho de los ciudadanos a
solicitar y obtener que se les expida copia auténtica de los documentos
referidos a la contratación administrativa, para poder pretender la
responsabilidad patrimonial solidaria de los contratantes y contratistas cuando
se trate de sobrecostos y otras graves irregularidades contractuales; desconoce
los verdaderos motivos que llevaron al pueblo de Colombia representado en la
asamblea nacional constituyente del año 1991, a ordenar su expresa consagración
en la ley., Traicionando de esta manera, todos los derechos, valores,
principios y garantías que deben inspirar el desarrollo y progresividad del
ordenamiento jurídico colombiano en materia de protección solidaria,
democrática y participativa de los derechos e intereses colectivos; pues,
convierte a los derechos colectivos consagrados en el artículo 88 de la
Constitución nacional, en letra muerta, inoperante e impracticable, al
descompensar, desestimular, obstaculizar e impedir su masivo ejercicio y
protección.
Respetuosamente.,
JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.
COMENTARIO PERSONAL
Con el análisis de cada uno de los
artículos anteriores nos podemos dar cuenta que todos coinciden en la
apreciación de que lo que quería o uno de los fines principales de los
integrantes de la ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE era la reforma económica ya
que es el país en diferentes épocas y con diferentes mandatarios que lo único
que han pretendido es un interés particular el cual ha llevado a nuestra Nación
ha estar al borde de una crisis económica muy lamentable, pues no por muchos
esfuerzo inequívocos el crecimiento de la pobreza es y seguirá siendo absurdo e incontrolable por que las elites
sociales están dedicadas a dividirse el país como si fuese una torta de nadie, sin
ningún doliente por eso la apreciación del último artículo en donde se enfatiza
que las consultas populares deben tener algún tipo de beneficio económico, eso como
para darle contentillo o falsa expectativas pues la ansiedad por el cambio se encuentra latente en el pueblo, y pide una
reforma económica que colme las
expectativas de manera real.
