BIBIANA R MARIN T.

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DESDE EL ASPECTO ECONÒMICO

COLOMBIA Y EL MODELO NEOLIBERAL

Ricardo A. Castaño Z.*

RESUMEN

Desde 1930, la economía colombiana experimentó grandes cambios que la condujeron a una transformación estructural, sin embargo las crisis posteriores provocadas por las caídas de los precios fundamentalmente del café la han hecho fluctuar constantemente. Por otra parte, los conflictos políticos desatados en los cuarenta evitaron que el campo se desarrollara con más vigor. La lucha por la tierra y su tenencia, el problema de la colonización y el surgimiento de la guerrilla, las autodefensas y el narcotráfico, consecuencias de la poca presencia del Estado en las zonas de conflicto, han contribuido al empobrecimiento desmedido que sufre actualmente el país. En este artículo se analiza el efecto de las políticas económicas aplicadas por los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana en el marco del mencionado contexto.

Palabras claves: Economía, Colombia, Crisis

La que al final de la segunda guerra mundial y la consolidación del proceso de industrialización, coincidió con la segunda etapa de la sustitución de importaciones y el crecimiento acelerado de productos como las bebidas, el cemento los textiles, entre otros. A esto se debe agregar el aumento acelerado de la deuda externa, que ha puesto a nuestro país en dependencia directa de las decisiones del gobierno de los EE.UU. y las agencias internacionales. La modernización del sector agropecuario fue otro proceso de gran importancia para la transformación de la economía colombiana. Sin embargo los conflictos políticos que se desataron en la década de los cuarenta evitaron que el campo se desarrollara con más vigor, con lo que se podría haber evitado la situación actual de pobreza extrema del campesinado colombiano. Y es que la lucha por la tierra, por su tenencia, el problema de la colonización, el surgimiento de la guerrilla, las autodefensas y el narcotráfico, son consecuencia de la poca presencia del Estado su total ausencia en las zonas de conflicto que son de gran importancia para el verdadero desarrollo del país.

.

APERTURA HACIA ADENTRO

La apertura económica llega en su plenitud a Colombia en los 90. Durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) se hicieron todos los preparativos para iniciarla, de tal manera que se ajustara casi a un plan de gobierno, posible de desarrollar en escasos cuatro años; con esta premisa se llegó a pensar que con la caída del esquema socialista en la Unión Soviética y el denominado triunfo del capitalismo a nivel mundial, había llegado la hora de la gran armonía entre todos los países del mundo. La hegemonía incuestionable de la economía de mercado y con ella el resurgimiento del pensamiento liberal, colocaban al “darwinismo social” como alternativa de orden en el que deben imperar competencia, eficacia y productividad.

La pregunta que nos hacemos al leer la cita antes mencionada es ¿cómo puede haber equidad y justicia social en un país donde los grandes monopolios han venido absorbiendo la economía a grandes tragos, en una lucha sin cuartel por el dominio del mercado? Mientras eso sucede la población menos favorecida sigue su lucha por la sobrevivencia, tratando de mantenerse a flote y no ahogarse en el inmenso mar de la inflación dejándose llevar por las olas de la economía del rebusque y las fluctuaciones económicas.

1 La política social de los 90. Análisis desde la Universidad. U. Nal. Ed. Presencia, Santafé de Bogotá 1994. pag. 35.

Ricardo Castaño

Las políticas del plan de desarrollo “La revolución pacífica”, aplicados por el presidente Gaviria (1990-1994), fueron audaces, si se tiene en cuenta que fue el inicio de toda una revolución económica y social, pero pensada desde arriba.

Nuestros gobernantes se han limitado a cumplir con las órdenes impartidas por los grandes grupos económicos a nivel internacional, pero más que por ellos, por la el B.M. y el F.M.I. No se tuvo en cuenta, por lo tanto, la situación real del resto de colombianos, de los cuales una gran parte están sumidos en la pobreza, (17 millones de pobres según el censo de 1993).

LAS REFORMAS

Durante el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) se abrieron todas las posibilidades para la realización de las grandes reformas políticas, sociales pero fundamentalmente económicas; pues el texto de la nueva Carta Política tiene un alto contenido economicista, y en él se circunscribe todo el funcionamiento del Estado hacia la consolidación de la economía, con miras a una mejor productividad para la competitividad de nuestros productos a nivel internacional.

Las reformas de la apertura económica se iniciaron con el gobierno de Gaviria. Se propusieron en términos generales algunos tópicos de los cuales es importante mencionar los siguientes:

! La reforma arancelaria, que permitió en un momento determinado que el mercado colombiano se inundara de productos provenientes del extranjero, sin ningún control, para competir con los productos nacionales lo que ocasionó una seria crisis en algunas ramas de economía como la textilera.

! La reforma portuaria, cuyo único paso ha sido la privatización de Puertos de Colombia; pero en ningún momento los ha hecho más efectivos, ya que las operaciones se dilatan por semanas, lo que hace que muchos de los productos que allí llegan se pierdan o se dañen debido al largo tiempo de estadía en el puerto.

! La reforma cambiaria, que ha desestabilizado la economía con las medidas monetarias tendientes a detener el aumento del precio del dólar y que trajo como consecuencia grandes pérdidas, sobre todo al sector de la agricultura y en particular a los caficultores.

! La reforma tributaria, con la cual se pretendió recaudar dineros para una supuesta inversión social que realmente no se ha visto. Con esta reforma nos hemos visto perjudicados todos los colombianos, pues el aumento exagerado de los impuestos por ventas IVA, lo estamos pagando todos de nuestros propios bolsillos.

! La reforma al comercio exterior, bajo el supuesto de la internacionalización de nuestros productos con la creación del ministerio de comercio exterior encargado  para este fin, se han logrado prebendas pero para posibilitar el ingreso de más productos extranjeros a nuestro país. Sin embargo, como hacer difusión a nuestros productos, si no somos realmente competitivos, si no tenemos la tecnología necesaria para hacer productos de muy buena calidad para igualarnos a los mercados extranjeros, en resumen, si todavía dependemos de las potencias para la toma de decisiones económicas que nos permitan cierta independencia de ellas.

! La reforma a la inversión extranjera, que ha posibilitado, a pesar de los graves problemas de orden público, la llegada de capitales interesados en invertir en nuestro país; esto ha permitido por ejemplo, la llegada de capitales franceses, los cuales están haciendo grandes inversiones en los yacimientos carboníferos como el Cerrejón, y capitales ingleses a través de la Brithis petroleum Company, cuya mayor inversión está hecha en los nuevos yacimientos petrolíferos de Cusiana y Cupiagua en el pie de monte llanero.

! La reforma a los planes de vivienda, que se convirtió en un verdadero fracaso por los costos reales de esta en Colombia, que a raíz de las grandes inversiones hechas por el narcotráfico, encareció enormemente los precios en las construcciones nuevas y se reemplazó la vivienda de interés social por suntuosas construcciones a costos exorbitantes.

! La reforma laboral, que ha traído graves consecuencias de inestabilidad para la clase trabajadora del país, ya que se han perdido importantes logros obtenidos en épocas anteriores por los movimientos sindicales del país. La flexibilización laboral ha sido la estrategia perfecta por medio de la cual el gobierno ahora se desentiende de sus responsabilidades en lo que a prestaciones se refiere. Además esta reforma (ley 50 de 1990), facilita los despidos colectivos, elimina la obligación de reintegro a trabajadores con más de diez años de servicio, formaliza las agencias de empleo temporales, establece el salario integral, suprime la retroactividad de las cesantías para trabajadores vinculados después del 1 de enero de 1991.

Colombia y el Modelo Neoliberal

La esencia de todo el proceso iniciado por el presidente Gaviria, radica en el hecho de querer buscar para nuestro país, esa renovación política que tanto los colombianos hemos exigido en los últimos años; pero, no se puede negar, que en una iniciativa de estas la economía juega papel fundamental, toda vez, que de esta depende en gran medida el desarrollo mismo político de cualquier país. De esta manera se da comienzo a esa combinación de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y al mismo tiempo se ponen en marcha las políticas de ampliación de la economía de mercado.

Con la aprobación de la nueva Carta Política se han promulgado una serie de normas que permiten la participación de la población en las decisiones políticas y económicas, a través de las elecciones populares de alcaldes y gobernadores, y la creación de las Juntas Administradoras Locales, que por medio de sus representantes comunales han hecho saber al gobierno sus necesidades inmediatas. Además la descentralización administrativa ha permitido conocer con mayor certeza las posibilidades y restricciones de los municipios.

Lo anterior nos está planteando, que mientras subsista la pobreza en Colombia y los medios de comunicación sigan siendo los mediadores entre el mercado y el usuario, cuyas características siguen siendo paupérrimas, la situación seguirá exactamente igual. Y es que no podemos comparar nuestro país con economías  (Child Jorge. El fin del Estado. Desestabilización política caos institucional. Ed. Grijalbo, Santafé de Bogotá 1994, pag. 99).desarrolladas como las europeas o la norteamericana donde el ingreso per cápita es muchas veces más alto que el nuestro, donde tienen todas las posibilidades, en virtud de su desarrollo y sus ingresos, de comprar productos que en nuestro país solo alcanzamos a ver en avisos publicitarios de los periódicos o la televisión. La gran contradicción, entonces, que nos plantea el nuevo momento histórico en Colombia, es que en medio de procesos de modernización del Estado, consignados en la Constitución de 1991, el país dio inicio a un recorrido por dos caminos distintos, que son realmente contradictorios, uno, el de la internacionalización de la economía, a través de la apertura económica; y el otro, el de “democratización” de la sociedad,

para permitir, como ya se dijo antes, mayor participación de la población en las decisiones fundamentales de la Nación.

LAS POLITICAS PASTRANISTAS Y LA APERTURA ECONOMICA

La última contienda electoral ha demostrado al país, que a la hora de la resolución de los problemas que nos aquejan, nuestros tradicionales políticos se aferran al dolor de la población y toman como bandera de lucha el hacerle frente a la problemática más grave. En ese sentido los candidatos Serpa y Pastrana coincidieron en abanderarse de la paz en Colombia, como única vía de llegar al solio presidencial. Cien días después de su posesión, Andrés Pastrana instaló las mesas de negociación que han venido trabajando con mucha lentitud por qué no ha habido propuestas  concretas para abordar esa histórica problemática. Y es que no se puede hablar con seriedad de la paz en un país donde los derechos humanos se violan constantemente y la injusticia social, como consecuencia de las mismas políticas gubernamentales, es consecuencia de la implementación de políticas que responden a los intereses foráneos de las potencias económicas. La necesidad inmediata de reorientar la economía colombiana por las vías que había iniciado el Gobierno Gaviria, y que había sido reformada por Samper, obligaron a Pastrana a tomar una serie de medidas muy represivas desde el punto de vista económico, que han llevado el país al caos del desempleo, la miseria y un muy fuerte proceso de debilitamiento del Estado frente a lo económico, como lo manda el BM en el marco de la globalización de la economía.

Colombia y el Modelo Neoliberal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Child, J. (1991) Los grandes desafíos de la apertura económica. Santa Fe de

Bogotá: Grijalbo.

Child, J.:(1994)Fin del Estado. Descentralización política caos institucional. Santa

Fe de Bogotá: Grijalbo..

Child, J. : (1995)Alternativas. Santa Fe de Bogotá: Grijalbo.

Morales Benitez, O. (1997) Apertura, privatización, intervención del Estado,

capitalismo salvaje.Revista Desarrollo indoamericano. Santa Fe de Bogotá, Sept.

De 1997, N° 103.

La política social de los 90. (1994) Análisis desde la Univeresidad.U. Nal. Santa

Fe de Bogotá:Ed. Presencia.

Sarmiento Palacio, E. El modelo alternativo, Conferencia.

Constitución Política de Colombia, 1991.

Situación colombiana. (1995) Informes de coyuntura económica, política social y

social. No. 5, Septienbre, 1995.

Ricardo Castaño

ANALISIS POLITICO No.12 DE ENERO A ABRIL DEL1991

Coyuntura Asamblea Nacional Constituyente en Colombia…

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EN COLOMBIA: ¿CONCLUIRÁ POR FIN EL FRENTE NACIONAL?

Luis Alberto Restrepo*

El 5 de febrero comenzó labores la Asamblea Constituyente de Colombia. El monopolio bipartidista instaurado desde el inicio del Frente Nacional (1958-1974) podría estar próximo a su fin. Presentamos aquí el contexto del que nace la iniciativa de la Asamblea Constituyente, hacemos luego un recuento de la evolución de la iniciativa a lo largo de los últimos años, recapitulamos el episodio electoral que la precedió, para sondear, finalmente, el nuevo régimen político que podría estarse forjando en ese foro. Aunque este hecho no superaría la incertidumbre económica y social a la que se enfrenta Colombia, ni resolvería todos los violentos conflictos que la sacuden, sí podría abrir canales para la tramitación pacífica de algunos de ellos.

La Constituyente, ¿un nuevo acuerdo Nacional de paz?

A comienzos de 1989, los narcotraficantes indujeron la inversión repentina de las  estrategias de guerra. Las organizaciones paramilitares que se habían fortalecido al amparo oficial, se sintieron en capacidad de desafiar al Estado y de presentarse incluso como un proyecto alternativo de poder político. En enero de 1989, asesinaron a doce jueces enviados por el gobierno al Magdalena Medio y, más tarde, lanzaron el movimiento político MORENA. Luego, volvieron sus armas contra figuras como la del gobernador de Antioquia y el comandante de la policía de la misma ciudad.

3. LA CONSTITUYENTE, ¿PREFIGURACIÓN DE UN NUEVO RÉGIMEN POLÍTICO?

El plebiscito en favor de la Constituyente fue un voto en contra de la clase política y en favor de un régimen distinto al monopolio bipartidista. Con todo, escapa a la Constituyente otro factor de descomposición nacional, mucho más de fondo. Mientras comienzan a abrirse las compuertas de la participación política, el gobierno impulsa un modelo económico neoliberal más excluyente que ninguno de los anteriores. Es posible que la política del gobierno constituya, en líneas generales, la única opción disponible para Colombia en el actual contexto nacional e internacional, pero ello no disminuye en nada la gravedad de la contradicción en curso.

FUNDACOLECTIVOS

Para la defensa de los derechos colectivos

Los Incentivos Económicos en las Acciones Populares, desde la Asamblea Nacional Constituyente.

Filed under: Uncategorized — Deja un comentario

3 mayo, 2011

Recordemos que en el propio seno de la Asamblea Nacional Constituyente hubo plena claridad en cuanto tiene que ver con el carácter constitucional de las acciones populares y sobre la necesidad de establecer en la ley los incentivos económicos para poder garantizar su ejercicio y la participación masiva de la sociedad civil en la defensa preventiva, participativa y solidaria de los derechos e intereses colectivos; en cuanto a que en ella se dijo por ejemplo:

“…No ha sido suficiente el esfuerzo que sobre el particular se ha venido realizando en Colombia. La reglamentación que en esta materia consagran el Código Civil y el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Decreto número 2811 de 1974), aparece lejana del conocimiento y compromiso de toda la Nación. Por tanto, debe ser elevada a una norma de mayor jerarquía y a su vez debe acompañársela de instrumentos efectivos que hagan posible la participación de los asociados en el cumplimiento de este cometido.” (Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia No. 23, Título: Protección del Ambiente, Autor: Álvaro Gómez Hurtado, Gaceta Constitucional No. 19 de marzo 11 de 1991).

Igualmente, en el proyecto de reforma Constitucional del movimiento político M-19, también se contempló de manera especial las acciones populares y los incentivos económicos en los siguientes términos:

‘Demandar de manera individual o colectiva, en acción pública de defensa, a cualquier persona o entidad, pública o privada, por conductas o actividades que lesionen a una comunidad en particular o a la sociedad en su conjunto y obtener para éstas el resarcimiento correspondiente. La ley que reglamente dicha acción deberá establecer para el actor algún tipo de recompensa o retribución en el evento en que se logre el restablecimiento del derecho colectivo”. (Gaceta Constitucional del día 22 de marzo del año 1991).

Un número significativo de las disposiciones aprobadas por la Asamblea Constituyente fueron concebidas para anticiparse a los desmanes que violentan las reglas elementales de la ética. En casi todas las nuevas instituciones puede apreciarse, claramente, esa intención. La moral administrativa es una sola, pero tiene diversas manifestaciones específicas. La más importante de estas se refiere a la pulcritud con que deben manejarse los dineros públicos, el patrimonio económico de la Nación.”

Entonces, para la Asamblea Nacional Constituyente era absolutamente claro, que el Derecho de los Actores Populares a recibir un incentivo económico en las acciones populares y el Derecho de los Ciudadanos a contar con eficaces herramientas de lucha anticorrupción, son las únicas formas legales que existen para poder garantizar el masivo ejercicio de las acciones populares, estimular a la comunidad a participar solidariamente en la defensa de los derechos colectivos y compensar la onerosa carga que asumen los accionantes; y por esa razón, en representación del pueblo colombiano expresamente ordenó que; “La ley que reglamente dicha acción deberá establecer para el actor algún tipo de recompensa o retribución en el evento en que se logre el restablecimiento del derecho colectivo”.

Pues, de no existir el derecho de los demandantes a pretender y recibir el incentivo económico y no contar con verdaderas herramientas de lucha anticorrupción, la comunidad simplemente no ejercita las acciones populares y no participa en el control del poder político, la fiscalización de la función pública y la defensa judicial de los derechos colectivos; en razón, a que lógicamente no se le estimula a demandar judicialmente y se le impone una pesada carga que es injusta, desproporcionada, irrazonable e imposible de cumplir.

Agravando la situación, que cuando se deroga el Derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener que se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación administrativa, para poder pretender la responsabilidad patrimonial solidaria de los contratantes y contratistas cuando se trate de sobrecostos y otras graves irregularidades contractuales; Indiscutiblemente se transgreden los principios constitucionales de transparencia, moralidad administrativa y participación democrática en la función pública, que indiscutiblemente inspiraron a la Asamblea Nacional Constituyente al momento de debatir, crear y expedir la nueva Constitución Nacional del año 1991.

En este orden de ideas, bajo el esquema conceptual inspirado desde la propia Asamblea Nacional Constituyente, es claro que las acciones populares en un Estado Social de Derecho, siempre deben combinar el deber de solidaridad que a todas las personas nos atañe, con la obligación permanente del Estado de inducir, promocionar, patrocinar, premiar, compensar y, en general, estimular el ejercicio de las acciones populares y la protección solidaria de los Derechos Colectivos; en orden a poder garantizar que se compense económicamente el ejercicio de las acciones populares, se estimule la participación masiva de los ciudadanos en la preservación de determinados bienes jurídicos de especial connotación social y se financie el Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos.

Es decir, respetando el pensamiento que cada cual pueda tener sobre la forma de hacer efectivo su deber ético de solidaridad en Colombia, el Congreso de la República siempre debe prever en la ley el Derecho de los demandantes a recibir un incentivo económico en las acciones populares y el Derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener que se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación administrativa, para poder pretender la responsabilidad patrimonial solidaria de los contratantes y contratistas cuando se trate de sobrecostos y otras graves irregularidades contractuales.

Por lo tanto, respetuosamente considero que la norma que deroga el Derecho de los demandantes a pretender y recibir los incentivos en las acciones populares, y elimina el Derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener que se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación administrativa, para poder pretender la responsabilidad patrimonial solidaria de los contratantes y contratistas cuando se trate de sobrecostos y otras graves irregularidades contractuales; desconoce los verdaderos motivos que llevaron al pueblo de Colombia representado en la asamblea nacional constituyente del año 1991, a ordenar su expresa consagración en la ley., Traicionando de esta manera, todos los derechos, valores, principios y garantías que deben inspirar el desarrollo y progresividad del ordenamiento jurídico colombiano en materia de protección solidaria, democrática y participativa de los derechos e intereses colectivos; pues, convierte a los derechos colectivos consagrados en el artículo 88 de la Constitución nacional, en letra muerta, inoperante e impracticable, al descompensar, desestimular, obstaculizar e impedir su masivo ejercicio y protección.

Respetuosamente.,

JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ.

COMENTARIO PERSONAL

Con el análisis de cada uno de los artículos anteriores nos podemos dar cuenta que todos coinciden en la apreciación de que lo que quería o uno de los fines principales de los integrantes de la ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE era la reforma económica ya que es el país en diferentes épocas y con diferentes mandatarios que lo único que han pretendido es un interés particular el cual ha llevado a nuestra Nación ha estar al borde de una crisis económica muy lamentable, pues no por muchos esfuerzo inequívocos el crecimiento de la pobreza es y seguirá siendo  absurdo e incontrolable por que las elites sociales están dedicadas a dividirse el país como si fuese una torta de nadie, sin ningún doliente por eso la apreciación del último artículo en donde se enfatiza que las consultas populares deben tener algún tipo de beneficio económico, eso como para darle contentillo o falsa expectativas pues la ansiedad por el cambio  se encuentra latente en el pueblo, y pide una reforma económica  que colme las expectativas de manera real.